El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, junto al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez y el presidente de la Junta de Directores de la AAPP, Omar Marrero, informaron este miércoles la aprobación, tanto en la Junta de Directores de la AAPP como en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la extensión del periodo del acuerdo suplementario bajo el cual la empresa Luma funge como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla.

La extensión del contrato suplementario de Luma se realizó al contar con tres votos a favor por parte de la junta directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y dos votos en contra por parte de los representantes de interes publico, Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.

La decisión sobre la extensión del contrato transitorio con Luma podría ser cuestionada ante tribunales tras las críticas que recibió la Junta de Control Fiscal por Ortiz Camacho y Ferrer Rios. Los representantes de interés público argumentaron que fue incorrecto que el proceso se llevará a cabo según los lineamientos de la Ley 29-2009 que regula las alianzas público-privadas, que requiere de una mayoría simple para una aprobación de contrato. Afirmaron que, en cambio, lo que correspondía era lo que estipula la Ley 120-2018, que establece que cualquier transacción relacionada a la AEE, tiene que contar con el voto a favor de ambos representantes del interés público.

El contrato temporal con la cuestionada empresa continuará vigente hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salga de la quiebra. Para esto, se debe esperar que el tribunal apruebe el plan de ajuste o que desestime la petición de quiebra.

Por otro lado, la empresa para el próximo año se beneficiará de un ajuste estipulado en el contrato donde aumenta el dinero que recibirá de $122 millones de dólares.

Aún así, los términos del acuerdo del gobierno con LUMA Energy y la compensación a la privatizadora se mantendrán igual. El contrato mantiene la opción de cancelar el acuerdo si la compañía incumple con las condiciones establecidas. De esto ocurrir, implicaría un desembolso por parte del gobierno de entre $300 y $600 millones de dólares.