Casi diez mil familias podrían tener sus viviendas afectadas a diez meses de los terremotos

La ausencia de una política para la rehabilitación de viviendas dañadas por los sismos y el desdén de la Junta de Control Fiscal y el gobierno ante este asunto compromete la seguridad de miles de familias en el sur.

08 Agosto 2020, Puerto Rico, Guánica: Daños en la propiedad ocasionado por los temblores de este año.

Por: Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Aquel susto al amanecer que trajo el primer terremoto el Día de Reyes le cambió la vida a miles de familias en el sur. Más de 12,000 temblores relacionados a esa secuencia sísmica se han registrado desde diciembre en esa región, según informó la Red Sísmica de Puerto Rico al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Diez meses después, muchas personas buscan resolver su situación a fuerza de varillas y bloques, muchas veces con sus propias manos.

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“El Departamento de la Vivienda no ha hecho ningún esfuerzo. Lo que sé es que están preparando solicitudes de propuesta, pero todo se ha quedado en el papeleo. Yo siendo el gobierno, pondría la oficina de recuperación de estructuras, aquí en estos municipios [del sur], no en San Juan. Los fondos que vengan de San Juan, pero la oficina debe estar aquí porque yo tengo que ver como ingeniero, cuándo vamos a hacer la rehabilitación, dónde la vamos a hacer. Esto no se puede trabajar desde un escritorio en San Juan. Esto es un proyecto de construcción”.

Esto me decía el ingeniero Rafael Jiménez, mientras caminábamos en un recorrido en Guánica, el pueblo del sur más afectado por los terremotos de enero.

La caminata nos llevó a conocer a una mujer que llamaremos Magdalena Pérez en la calle 2 de la barriada Esperanza. Su nombre real se omite para proteger su identidad.

Como muchas otras casas de Guánica, la residencia de esta mujer sufrió daños con los terremotos del 6 y 7 de enero, de magnitud 6.4. Desde entonces, cuenta ella, los temblores sentidos en el sur y suroeste de Puerto Rico no se han detenido. El más reciente sismo de esta secuela se registró el pasado 25 de octubre y fue de una magnitud de 3.52.

Magdalena tiene experiencia en trabajos de construcción, y se dedicó a reparar casas cuando trabajaba en el municipio de Guánica. Su trasfondo la ha ayudado a manejar el proceso de rehabilitar su residencia, de manera que la estructura, según ella, pueda estar lista para enfrentar futuros eventos sísmicos.

“Este canto lo terminé esta mañana. Entonces esto fue lo que se me colapsó aquí. Esta columna se me dañó un poco. Esa columna se me dañó también. Esa fue la más mala, pero entonces yo lo que le hice fue, que le hice como una varilla abajo, de media, más gorda. Entonces le puse unos rotos de aquí pa’ arriba”, ilustró Pérez mientras conversaba con el CPI frente a su residencia.

“Lo hice yo porque yo no puedo esperar que venga un ingeniero, y los temblores siguen. Ahora mismo esto ya me controla la casa, de que no sea tanto el jamaqueo”, añadió la mujer guaniqueña sobre los trabajos que ha hecho con los fondos que recibió de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Otros residentes en la calle 2 no tienen el mismo peritaje en construcción que su vecina Magdalena. Aun así, han tenido que hacer los trabajos de reparación por su cuenta, ante la ausencia de otras opciones de vivienda.

Aunque la agencia federal puede proveer una subvención económica de hasta $35,500 para reparar viviendas afectadas por los terremotos, el portavoz de FEMA, Alberto Pillot, informó al CPI que el promedio de dinero que reciben las familias fluctúa entre los $3,000 y los $5,000.

El encuentro con Magdalena Pérez fue en una tarde calurosa de agosto luego de una vista de la Comisión Especial de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) a la zona. Otros vecinos aprovechaban el día y las condiciones del tiempo soleadas para trabajar en reparaciones. Varias residencias mostraban bloques recién puestos.

Muchas residencias que a principios de año fueron marcadas para ser demolidas todavía permanecían de pie, aunque sus escombros y columnas torcidas amenazaban la seguridad de quienes transitaban el área.

Según los datos que dio al CPI el Negociado para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, un total de 2,660 casas fueron marcadas de rojo en los municipios afectados por los eventos sísmicos. Mientras que el CIAPR indicó que habría otras 4,000 estructuras adicionales marcadas de amarillo (la mayoría, viviendas). Por su parte, FEMA dijo al CPI que estima en 13,962 las viviendas que requieren reparación tras los terremotos, incluyendo las que quedaron totalmente destruidas.

En Guánica, familias trataban de reparar sus viviendas con los recursos que tuvieran a su disposición. No podían darse el lujo de esperar a que el Gobierno central produjera desde la capital una guía para la reparación de las casas afectadas por terremotos. La necesidad de tener un techo que percibieran como seguro era un asunto prioritario.

08 Agosto 2020, Puerto Rico, Guánica: Daños en la propiedad ocasionado por los temblores de este año.

Fue esa misma barriada Esperanza uno de los sectores visitados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el Día de Reyes, cuando el primer terremoto de gran intensidad de este año despertó a muchos. Las fotos y abrazos no faltaron ese día, pero la promesa de Reyes de la Gobernadora quedó en nada.

“Tengan la certeza de que no están solos en este proceso, que vamos a tener los jefes de agencia, en unión al Alcalde [de Guánica] y a la Asamblea Legislativa para ayudarlos a ellos, y que no están solos. Yo creo que lo más importante es que mantengan la calma y que los funcionarios de ODSEC (Oficina de Desarrollo Comunitario y Socioeconómico de Puerto Rico) y de las otras agencias van a venir mañana con sus ingenieros para hacer el cernimiento de los daños”, dijo la Gobernadora a los medios de prensa durante su breve recorrido en Esperanza el 6 de enero.

“Usted no se va a quedar sin casa. Usted verá que sí. Con el favor de Dios, nos va a ayudar, para que podamos restablecerle su hogar. ¡Amén!”, continuó la Gobernadora, mientras se dirigía a un hombre que perdió su residencia por el terremoto.

Pero diez meses después, los vecinos continúan sin la rehabilitación de sus viviendas, mientras recurren a las reparaciones informales para resolver y sobrevivir.

Hasta el 21 de octubre, FEMA había aprobado $68.7 millones de Asistencia Individual en fondos de recuperación relacionados a los terremotos. De esta cifra, $48 millones han sido desembolsados para reparaciones de hogar, aseguró la agencia.

Días después de los terremotos de enero, integrantes de la Comisión Especial de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) acudieron al sur para inspeccionar residencias en los municipios más afectados. Su trabajo de campo les llevó a implementar una metodología de reconocimiento visual en la cual clasificaron las casas por colores, dependiendo de su estado y nivel de habitabilidad. Siguiendo el modelo utilizado en California (nombrado ATC-20), se marcaron con color rojo aquellas residencias inhabitables, verde para los casos en que sí son habitables y amarillo para las casas que sufrieron daños, pero pueden utilizarse con las debidas reparaciones.

En aquella ocasión, el grupo de ingenieros que realizó el reconocimiento visual lo hizo de manera voluntaria. Aunque la Comisión está en la disposición de regresar y darle continuidad al trabajo, les preocupa que el Gobierno no asuma su parte y no le esté dando seguimiento al problema.

De acuerdo al presidente de la Comisión, Félix Rivera, la falta de seguimiento por parte del Gobierno y los municipios de la región sur ha obligado a las personas a regresar a residencias que no son seguras o a hacer trabajos de reparación informal sin la certificación de ingenieros, tal y como el CPI observó durante el recorrido por la barriada Esperanza.

“Habría que volver a retomar el tema y de esas casas que hay en rojo, ver si se pueden reparar antes de ser habitables. Con lo de la pandemia [por COVID-19] este tema se quedó en un limbo y han habido otras prioridades del Gobierno”, explicó Rivera.

Sobre el tema de las viviendas marcadas de rojo luego de los terremotos en el sur, FEMA recomienda que las familias afectadas busquen una segunda opinión antes de recurrir a la demolición de la estructura.

“Su oficina de permisos municipales puede proporcionar información sobre los códigos de construcción, tales como la zonificación, los requisitos de materiales, los requisitos estructurales y las recomendaciones sobre cómo proceder al construir o reparar su hogar”, sugirió FEMA en un comunicado.

Para lograr los objetivos de inspeccionar nuevamente las residencias afectadas por los terremotos se necesitaría la participación de ingenieros certificados que hagan recomendaciones que sean acorde al Código de Construcción vigente en Puerto Rico. Asimismo, el Gobierno central y los municipios deben coordinar estrategias de fiscalización que eviten reparaciones informales que atenten contra la seguridad de quienes residen en estas unidades de vivienda.“Estoy seguro que se puede crear un fondo para tener un banco de ingenieros que den servicios a estas personas”, añadió Rivera.

Actualmente, el Departamento de la Vivienda (DV) de Puerto Rico no cuenta con un programa específico para atender las familias que tuvieron pérdidas o daños residenciales como consecuencia de los terremotos del 2020. El único proyecto vigente, que se subsidia con fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), es el de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3). Sin embargo, dicho programa solo atiende solicitudes relacionadas a los huracanes Irma y María. El DV puede gestionar los fondos para casas originalmente afectadas por el huracán y que luego experimentaron más daños   como consecuencia de otros eventos, incluyendo los terremotos. Lo que no hace el programa R3 es atender casos de residencias que no sufrieron impactos adversos con los ciclones del 2017 y posteriormente tuvieron algún tipo de destrucción debido a la actividad sísmica del 2020.

“Quitando CDBG-DR, los programas principales que tiene Vivienda son dos: otorgar vales de Sección 8 y otorgar vales de Sección 9. Nosotros no entramos al tema de reparar viviendas. No es el trabajo del Departamento de la Vivienda. Lo que sí hacemos es que, por ejemplo, una persona que tiene la vivienda [marcada] de amarillo y sienta que no puede vivirla. ¿Qué opciones se le pueden dar a esta persona o familia? ¿Cualifica esta persona para un vale de Sección 8? ¿Cualifica la persona o familia para un vale de Sección 9? Nosotros le brindamos esa opción a esa familia, pero nosotros entrar a evaluar la vivienda o nosotros entrar a reparar la vivienda, esa no es la función del Departamento”, dijo al CPI el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet.

Hasta el 10 de septiembre, habían 480 unidades vacantes en residenciales públicos como parte del programa de Sección 9 y 300 vales disponibles de Sección 8, según informó Vivienda en declaraciones escritas. Para las familias que hayan perdido su residencia por los terremotos, el tiempo de espera para acogerse a una unidad vacante de Sección 9 fluctúa entre uno a cinco días, aseguró la agencia. En el caso del programa de Sección 8, “el tiempo dependerá de que el solicitante haya completado todos los documentos requeridos y, una vez entregado el vale, el tiempo que le tome a éste buscar una vivienda en el mercado privado. A los participantes se les concede un término no mayor de 120 días para buscar una vivienda”.

Aunque Fernández Trinchet fue enfático en plantear que su agencia no trabaja con la reparación de residencias, no descartó que en el Plan de Acción que se elabora actualmente con la asignación de $8,285 millones en fondos para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT) se incluyan proyectos relacionados a aquellas unidades de vivienda que sufrieron daños con los terremotos del 2020.

Fernández Trinchet dijo que Vivienda creó una encuesta que busca documentar las experiencias relacionadas con eventos naturales pasados, como el huracán María y los terremotos, y que podría ampliar la cantidad de actividades de mitigación que se considerarán en ese Plan de Acción.

“Los municipios pueden trabajar con algún proyectista privado y buscar cómo reconstruir este tipo de unidad de vivienda. Eso es una opción”, expresó Fernández Trinchet.

Por su parte, el alcalde de Guánica, Santos Seda, comentó al CPI que al momento no cuenta con ese dinero ya que los fondos aprobados que recibirá su municipio no están autorizados para utilizarse en los trabajos de reparación de las viviendas impactadas por los terremotos.

“Para la reparación de viviendas no nos han dado fondos. Lo que se recibió fue solamente para las demoliciones. La propuesta que yo presenté, es una propuesta para demoliciones y reparación de viviendas. Y que nos entregaran [fondos] también para la construcción de nuevas viviendas”, dijo el Alcalde de Guánica.

“Pero después, la Junta [de Control Fiscal] lo que nos aprobó fue solo el dinero para las demoliciones”, añadió Seda.

En conferencia de prensa celebrada el 23 de septiembre en Guánica, y en la que participaron Seda, Fernández Trinchet y la Gobernadora, se anunció que, a diez meses de los terremotos, de los $18 millones asignados por el Departamento de la Vivienda para trabajos de demolición, solo $5 millones están disponibles hasta el momento. De acuerdo al Alcalde, de las 517 propiedades privadas identificadas para demolición, solamente se le han entregado para demoler, 120. Asimismo, Seda confía en que, ante la renuencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) de aprobar fondos para la reparación y reconstrucción de viviendas, los fondos CDBG-MIT sí estén disponibles para esos renglones de la recuperación de su municipio.

“Necesitamos dinero para reconstruir viviendas y yo tengo tres modelos de vivienda ya, y yo quiero comenzar a levantar esas viviendas. Hay $8,250 millones de MIT”, reclamó el Alcalde.

Un portavoz de la JCF confirmó al CPI que el ente federal solo aprobó dinero para los trabajos de demolición y remoción de aquellas propiedades previamente identificadas como inhabitables o que no son aptas para reparación. Al preguntársele la razón para no aprobar fondos dirigidos a trabajos de reparación de viviendas, el director del Área de Asuntos Municipales de la JCF, Germán Ojeda, indicó que esas gestiones son principalmente responsabilidad de los propietarios de viviendas y no del gobierno.

“De esas propiedades que estén en posición de posible reconstrucción, hay que esperar lo que determinan los especialistas para definir lo que pasará finalmente con estas propiedades. Si son sujeto a reconstrucción, lo primero es que eso es responsabilidad de cada propietario, y si tiene seguro y/o en la medida que haya algún programa federal para ayudar a personas víctimas de daño por eventos naturales. La residencia es de cada uno”, argumentó Ojeda.

Código de Construcción no incluye aspectos de mantenimiento de propiedades impactadas por terremotos

El Código de Construcción vigente en Puerto Rico es del año 2018. Para su análisis y aprobación, FEMA otorgó fondos del Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos. Fue la primera revisión significativa de este documento desde el 2011 y su implementación vino acompañada de la aprobación de la Ley Núm. 109 del año 2018, la cual obliga al Gobierno a revisar los códigos de construcción cada tres años.

En la elaboración de este documento rector para la construcción se siguieron los parámetros del International Code Council (ICC). Sin embargo, el código avalado en Puerto Rico en el 2018 no incluyó la aprobación de guías o aspectos del Código Internacional de Mantenimiento Propiedad del ICC (versión 2018).

De acuerdo a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, dicho código de mantenimiento del ICC no guarda relación con las estructuras residenciales afectadas por terremotos.

“Esto, más bien se utiliza para el manejo de equipo como, por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros no emitimos ningún tipo de permiso o documento sobre el mismo. Tampoco somos la agencia encargada de velar por el cumplimiento del mismo”, expresó OGPe en declaraciones escritas enviadas al CPI.

La declaración de esta oficina gubernamental en torno al tema de mantenimiento de propiedades residenciales afectadas por terremotos contrasta con un documento que la propia OGPe presentó con motivo de la adopción de los Códigos de Construcción del ICC en el 2018. Dicha presentación establece que el Comité de Trabajo del Código de Construcción de Puerto Rico 2018 evaluará la posible adopción futura del Código Internacional de Mantenimiento de Propiedad del ICC, el cual sí guarda relación y hace referencia a estructuras residenciales, además de considerar los terremotos como elementos de peligrosidad.

Asimismo, y contrario al planteamiento de OGPe de que no tiene injerencia con respecto al ejercicio de velar por el cumplimiento del Código de Construcción, el alcalde de Guánica entiende que dicha entidad gubernamental sí juega un rol importante en supervisar los trabajos de reparación de viviendas.

“Esa fiscalización le corresponde a OGPe ya que Guánica no es un municipio autónomo y no otorga permisos”, argumentó Seda.

Una de las entidades gubernamentales que pertenece al Comité de Trabajo del Código de Construcción es la Junta de Planificación (JP). En entrevista con el CPI, su presidenta, María del Carmen Gordillo, expresó que el Comité todavía se encuentra en el proceso de evaluar la posible integración del Código Internacional de Mantenimiento de Propiedad.

“Básicamente estábamos adoptando [en el 2018] un código que venía a suplir las necesidades que teníamos vigente en aquel momento. El Código de Mantenimiento se iba a ver posteriormente dentro de nuestro calendario de trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora”, respondió Gordillo al preguntársele la razón para no adoptar las guías del código de mantenimiento en el documento de construcción que se aprobó en el 2018.

“El Comité, que es de la OGPe, está evaluando enmiendas a ese Código de Construcción para atemperarlo a nuestras necesidades de isla que tenemos”, agregó la titular de la JP.

La Ley 19 del año 2017 faculta a la JP a fiscalizar y hacer auditorías a aquellas construcciones en las cuales existen querellas, ya sea por la ausencia de permisos o porque no se siguen los códigos o reglamentaciones vigentes.

“Esos aspectos los vamos a ver en esa auditoría, en ese sinnúmero de querellas que vamos a estar recibiendo, no sin antes ayudar a las personas a que sean más asertivas dentro del proceso de construcción”, abundó Gordillo, aunque no entró en detalles sobre los casos de las reparaciones informales en las residencias del sur que fueron impactadas adversamente por los terremotos de principios de año.

Una guía pertinente al tema de mantenimiento en el contexto de los terremotos en Puerto Rico fue publicada en el 2013 por la academia. El documento “Rehabilitación sísmica de casas en zancos” fue un trabajo redactado por investigadores del Programa de Movimiento Fuerte de Puerto Rico del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Uno de sus autores, el Dr. José Martínez Cruzado, le indicó al CPI que aunque ha hecho el acercamiento al gobierno central y municipios, el documento no forma parte de la política de ninguna entidad pública, a excepción del municipio de Bayamón. El profesor de ingeniería informó, además, que le dio cientos de copias para distribución a personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

El académico del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) también aboga por una evaluación del Código de Construcción que parta de un análisis que se atempere más a la realidad sísmica de Puerto Rico.

“El código de edificación son requisitos mínimos. Eso es lo mínimo que el ingeniero tiene que suplir y se establece que si tú sigues el código y haces únicamente lo que dice el código, la estructura cuando venga el terremoto ‘de diseño’, el terremoto ‘del código’, va a quedar chueca, va a quedar en malas condiciones, se va a agrietar. Lo importante es que no se colapse. Si se agrietó y queda toda chueca, piensan que el ingeniero hizo un mal trabajo, y no necesariamente. Aguantó el terremoto y fue un éxito desde el punto de vista de que no colapsó. Salvó la vida humana. Eso es lo que es realmente importante”, argumentó Rodríguez Cruzado en entrevista con el CPI.

Por su parte, Fernández Trinchet argumentó que, más que abogar por la urgencia de rehabilitar las viviendas, las personas deben seguir las guías establecidas en el Código de Construcción de 2018.

“Por ejemplo, tú me mencionaste que algunas de estas personas [en Guánica] han comenzado a trabajar sus casas. Yo puedo entender el desespero, pero la primera pregunta que uno se hace es, ¿esa rehabilitación que le están haciendo a la vivienda cumple con los códigos de construcción vigentes?”, cuestionó el Secretario de la Vivienda.

Cuando se le comentó a Fernández Trinchet sobre la existencia del documento de rehabilitación de casas en zancos publicado por el RUM y el planteamiento de ingenieros de que el Código de Construcción de 2018 presenta solo requisitos mínimos que no garantizan que las residencias no terminen en malas condiciones tras un evento de terremoto fuerte, el titular del DV dijo desconocer esa información, pero estar en la disposición de reunirse con los expertos.

“Qué me escriban una carta. Con mucho gusto puedo hablar con los distintos foros que participo y con la gente que conoce”, dijo.

Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America

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