La representante del Distrito 27, Estrella Martínez, salió en defensa de los obreros del mar, quienes en Santa Isabel laboran utilizando una rampa que ha sido motivo de discordia durante décadas por su titularidad y uso.

“Durante muchos años los pescadores del sector Playa de Santa Isabel han utilizado la rampa de acceso al mar, así como los gazebos y otros activos ubicados en la calle Villa del Mar, carretera 538 interior, del Barrio Playa. Según informes de la Legislatura Municipal, estos terrenos fueron adquiridos por el Municipio en el 1958”, detalló la legisladora.

En el mes de enero de 2019, el entonces alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, cerró el acceso a dicha rampa por alegados problemas de seguridad.  En marzo del mismo año, la Legislatura Municipal creó una comisión especial para investigar la titularidad de dichos terrenos. La misma estaba compuesta por legisladores de tres partidos y en agosto de 2019, la comisión concluyó que los terrenos son del Municipio y presentaron varios señalamientos en contra del alcalde y se presentó un informe con 19 hallazgos principales, detallando que entre estos que Questell utilizó su puesto para influir en la adquisición de terrenos municipales en violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Por otro lado, en septiembre de 2019 el entonces alcalde Questell presentó un informe preparado por el auditor interno del CRIM, el cual indica que los terrenos fueron adquiridos por la compañía Aquamak en el 1984 y que el Municipio intentó comprar los terrenos entre 1994 y 1997, sin éxito. Razones por las que, según el exalcalde, sostiene que las facilidades reclamadas por los pescadores no pertenecen al Municipio y solicitó a la presidenta de la corporación el cierre de estas por razones de seguridad.  

“Esta situación ha indignado a los pescadores del área, quienes exigen se les permita continuar trabajando y llevando el pan a sus familias. Nuestros pescadores son una parte vital de la economía de nuestra isla, pues arriesgan su vida diariamente en el mar para traer pescado fresco y surtir a los comercios de nuestro país, así como para llevar el sustento diario a sus familias. La industria de la pesca es pieza fundamental a los efectos de reducir nuestra marcada dependencia en las importaciones de productos para nuestras necesidades alimentarias”, aseguró Martínez.

Martínez Soto sometió la Resolución Conjunta 260 para atender el tema, “porque hay que garantizarle acceso seguro y conveniente a los pescadores hacia el océano, determinar la titularidad de los terrenos donde ubica la rampa de acceso en el sector Playa del Municipio de Santa Isabel y el estado de derecho vigente”, finalizó.