Colombia enfrenta una crisis económica a raíz de la pandemia del COVID-19, por lo que su presidente Iván Duque promovió una reforma fiscal que despertó el descontento de la población, estallando en una serie de manifestaciones, las cuales se han extendido durante seis días, según informó El País.

Como parte de las manifestaciones, se ha reportado la muerte de 19 personas, mientras también se investigan las causas de otras tantas.

Dada la presión ejercida por los manifestantes, el presidente Duque se vio obligado a retirar el proyecto de reforma tributaria presentado el 15 de abril, provocando las protestas alrededor de Colombia.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo Duque.

La reforma buscaba ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos, como la gasolina, la cual se encontraba en 5% y aumentaría al 19%. Sin embargo, la causa principal de la reforma ha sido generar las pérdidas económicas generadas por la pandemia, aspirando a recaudar unos $6.3 billones entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana.

Por otra parte, economistas y expertos han señalado que la reforma tributaria afectaría mayormente a la clase media, siendo esta una de las mayores causas que ha desatado la serie de protestas a nivel nacional.

Como mayor efecto de las protestas, el presidente Iván Duque anunció el viernes que reformularía su propuesta de reforma tributaria con el Congreso de Colombia, eliminando los elementos más polémicos del proyecto, como el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes, así como la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

Desde el comienzo de las manifestaciones, se han concentrado en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, donde hay incertidumbre por la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que están provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles. Por tanto, la vida en Cali se ha visto paralizada.

El gobierno colombiano ha utilizado fuerzas militares, siendo estas denunciadas por organizaciones sin fines de lucro y la oposición política por violaciones a los derechos humanos.

“Mi obligación como presidente de la república es garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos”, dijo el primer mandatario de Colombia.