En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal son constitucionales, al clasificarlos como funcionarios locales.

De esta manera, el Supremo revoca al Circuito de Apelaciones, el cual había declarado inconstitucional el proceso bajo el cual se nombraron estos oficiales. Bajo dicho mecanismo, el entonces presidente, Barack Obama, nombró a los miembros del cuerpo sin el consejo y consentimiento del Senado de Estados Unidos.

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