Regular el cabildeo para luchar contra la corrupción gubernamental

Columna de opinión del Dr. Eugenio Matías Pérez.

La corrupción en Puerto Rico es histórica y vergonzosa, lleva con nosotros siglos y acecha a todos los partidos y organizaciones. No significa que los partidos son corruptos, pues todo lo contrario, en los partidos existe gente buena y decente que quieren lo mejor para Puerto Rico. Por otra parte, existen corruptos en los partidos y es responsabilidad de sus militantes identificarlos y sacarlos a través de su voto en las primarias. Pero eso es otro tema, nuestro interés es aportar a que Puerto Rico tenga herramientas para combatir este mal.

La corrupción es una enfermedad que no se limita a Puerto Rico, es una pandemia global que debe combatirse. Pero ¿Dónde germina? ¿Cuál es el epicentro de la corrupción? Muchos países han señalado el cabildeo corporativo. En nuestro caso, el cabildeo es  el derecho constitucional a peticionar al gobierno para la reparación de agravios. Ciertamente, el cabildeo corporativo no es el problema, es la falta de regulación y fiscalización a esa práctica, lo que hace del cabildeo una práctica poco transparente.

Cuando el cabildeo no es regulado, individuos con poder económico pueden ejercer influencia sobre los políticos y mover sus agendas e intereses individuales por encima de los intereses del pueblo. Precisamente, es lo que se debe evitar para protegernos. A nivel mundial existen ejemplos que podemos reseñar sobre el poder de influencia que tienen algunos cabilderos corporativos. En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos enmendó una porción de las reformas financieras conocidas como Dodd-Frank. El 11 de noviembre de 2011, “The New York Times” reportó como los cabilderos de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, Citigroup, logró redactar la reforma. Básicamente, 70 de 85 oraciones fueron las recomendaciones de Citigroup. 

De igual forma, el 20 de marzo de 2020, “The New York Times” reportó que durante la crisis del Coronavirus en Estados Unidos, cabilderos inundaron las oficinas de los Congresistas intentando capitalizar sobre el estímulo económico que el Presidente Trump firmaría. Las criticas en Washington D.C. afloraron. Incluso el grupo de cabilderos “Americans For Prosperity” lanzó un comunicado advirtiendo a los demás cabilderos: “No explotar esta crisis para empujar sus intereses especiales y agendas políticas o rescatar accionistas y recompensar industrias favorecidas.” Esta situación demuestra las intenciones, parte del acceso y poder de estas firmas en las legislaturas donde no se regula el cabildeo.

En tiempos recientes, se han levantado iniciativas de algunos políticos para frenar o disminuir la influencia del cabildeo corporativo en las legislaturas. En Estados Unidos han surgido acuerdos bipartitas. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2019, “The Hill” informó que los congresistas Alexandra Ocasio y Ted Cruz, buscaban crear un proyecto de Ley que evite a excongresistas convertirse en cabilderos. En Europa, líderes como Ernest Urtasun, vicepresidente del grupo Los Verdes en la Eurocámara, propone que se hagan públicas las reuniones entre cabilderos y políticos. Esfuerzos tímidos, pero con conciencia del grave problema que existe como resultado de las presiones ejercidas por estas corporaciones a través de los cabilderos.

En América Latina también existen ejemplos de iniciativas por los gobiernos para frenar los cabilderos corporativos. Algunos países se han movido a la regulación. Según el informe de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), publicado este año, solo 5 países en América Latina (Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú) requieren por ley que se revele los nombres de los órganos consultivos permanentes. El mismo informe revela que solo 4 países (Argentina, México, Chile y Perú) requieren por ley que las agendas de sus políticos sean públicas. Es un adelanto significativo para América Latina, un ejemplo a seguir para los demás países.

En Puerto Rico, Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, el cabildeo continúa sin regulación y de forma poco transparente. En nuestra Isla existen dos listas dispares en cada Cámara de la legislatura y una Orden Ejecutiva. No existe uniformidad en la información de los cabilderos y tampoco una herramienta o mecanismo que haga del cabildeo uno trasparente y fiscalizable. El registro de cabilderos del Senado solo incluye el nombre del cabildero, si es individuo o corporación, la fecha de su presentación y los clientes que representa. En la Cámara lo que existe es un listado con el nombre de los individuos o las Corporaciones. Dos listados totalmente diferentes en formato. 

En el 2017, el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez, redactó y sometió el PC 808, que propone regular el cabildeo en las ramas ejecutivas y legislativas. De igual forma, busca crear un registro en el Departamento de Estado. Proyecto que lleva estancado en la legislatura desde el 2017. Por otra parte, el 2 de julio de 2019, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva 2019-031 para crear un Registro de Cabilderos en el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, el lenguaje de la Orden Ejecutiva no especifica la inclusión de los Municipios en el registro. 

La regulación del cabildeo en Puerto Rico es de suma importancia ya que las listas o registros no son suficientes. El hecho que un individuo o corporación se registre u aparezca en una lista no ofrece mayor transparencia al pueblo. Como han reseñado algunos medios locales, existen individuos o personas no registradas que visitan los políticos y cabildean. Por tanto, es evidente que los registros de nada le sirven al pueblo.

¿Qué se discute en reuniones entre cabilderos y políticos? El pueblo no sabe, ni sabrá mientras no se regule la práctica del cabildeo. Por tanto, para proteger los intereses del pueblo es necesario que el contenido de estas reuniones sea público, como se ha hecho en algunos países latinoamericanos y se intenta hacer en Europa. Para ello, se tiene que redactar y aprobar un proyecto de ley que regule el cabildeo en todo el gobierno de Puerto Rico. Ya sea el proyecto 808 presentado por el Presidente de la Cámara o uno sustitutivo. Que en su lenguaje prohíba a exlegisladores, exalcaldes, exgobernadores, exsecretarios y exdirectores de agencia, entre otros, fungir como cabilderos. Que penalice a los individuos o corporaciones que cabildean y no están registrados. Que los donantes de campañas políticas o directores de campaña, coordinadores u otros, no puedan ejercer la practica del cabildeo en Puerto Rico. Finalmente, que se hagan públicas las reuniones entre cabilderos y políticos, entre otras cosas. Sería un paso en la dirección correcta para ofrecer mayor transparencia y credibilidad a nuestro gobierno. Así tendríamos otra herramienta para combatir la corrupción rampante que existe en Puerto Rico.

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