La secretaria interina de Justicia Inés del C. Carrau Martínez junto a la directora de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, Fiscal María del Mar Ortiz Rivera, informaron el lunes, que se radicaron cargos contra varios empleados del Municipio de Manatí por supuesta apropiación ilegal agravada y por malversación de fondos públicos.

Los hechos en este caso se remontan a los años 2016 y 2018.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Alberto Miranda Schmidt en coordinación con al agente Héctor Fernández Rivera del Negociado de Investigaciones Especiales.  De los hechos se desprende que, luego del huracán María, se hizo un acuerdo entre el Municipio de Manatí y FEMA para el recogido de escombros y otros materiales.  El municipio recogería los metales para ser reciclados y las ganancias serían ingresadas a las arcas municipales. No obstante Richard Santana Rivera y Juan Mercado Torres, ambos empleados del Municipio de Manatí, supuestamente se apropiaron ilegalmente del dinero producto del material reciclado.

A Santana Rivera se le radicaron cinco (5) cargos por violación al Artículo 264- Malversación de fondos públicos; un cargo por el Artículo 202 – Fraude del Código Penal de Puerto Rico.  Además, se le radicó un cargo por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.  Mientras que a Mercado Torres se le radicaron dos (2) cargos por violación al Artículo 264- Malversación de fondos públicos; un cargo por el Artículo 202 – Fraude y además, un cargo por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.

De otra parte, se radicaron cargos a un empleado municipal de Manatí quien junto a su padre y hermano, supuestamente se apropiaron ilegalmente de una plataforma tipo “Semi Trailer Low Bed” proveniente de una donación del gobierno federal.

Por estos hechos se le radicaron cargos al empleado municipal Samuel Rivera Tirado por violaciones al Artículo 4.2(b) la Ley de Ética Gubernamental y por el Artículo 264- Malversación de Fondos Públicos del Código Penal.  Mientras que a Carlos Rivera Mejías y Carlos Enrique Rivera Tirado, padre y hermano del imputado, se les radicaron cargos por violación al Artículo 182- Apropiación Ilegal Agravada, en la modalidad de propiedad pública, del Código Penal del Puerto Rico.

Ambos casos se vieron en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo por la Juez Ángela Díaz Escalera.

En el caso contra Santana Rivera y Mercado Torres, el Juez determinó causa probable para arresto e impuso una fianza de 7,000 dólares para cada uno de los imputados y la vista preliminar quedó señalada para el 15 de septiembre de 2020.

En el caso del empleado municipal Rivera Tirado se determinó causa probable para arresto y se fijó una fianza global de 2,000 dólares.   En cuanto a Rivera Mejías (padre) y Rivera Tirado (hermano) el Tribunal determinó causa probable para arresto y se fijó una fianza global de 1,000 dólares para cada uno.   La vista preliminar quedó señalada para el 15 de septiembre de 2020.