Durante los pasados 50 años, Puerto Rico (PR) ha celebrado seis plebiscitos sin el aval del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.). En el 1967, la estadidad obtuvo un 39 por ciento con una participación de 66 por ciento. En el 1993, la estadidad obtuvo un 46.3 por ciento con una participación de 74 por ciento. En el 1998, la estadidad obtuvo un 46.5 por ciento con una participación de 71 por ciento.  En el 2012, la estadidad obtuvo un 61.3 por ciento con una participación de 79 por ciento.  En el 2017, la estadidad obtuvo un 97.18 por ciento con una participación de 22.93 por ciento. El más reciente del 2020, la estadidad (Sí) obtuvo un 52.34 por ciento y el (No) 47.66 por ciento, con una participación de 52.17 por ciento. Se puede concluir basado en estos datos que la estadidad no es un mandato absoluto.  

En mayo habrá una consulta para elegir seis “delegados especiales” al Congreso para promover la estadidad.  Es obvio que lo que el gobierno busca es emular el plan de Tennessee (TN), escogiendo una “delegación congresional”. TN exigió la unión permanente luego de la guerra revolucionaria que terminó en el 1783. En TN el 73 por ciento de los residentes votaron por la estadidad, que era, la gran mayoría de la población y comoquiera le tomo más de una década para persuadir al Congreso y alcanzar la estadidad. Luego del éxito de TN y otros seis estados lo intentaron, pero no fue fácil. Por ejemplo, Nuevo México lo intento y tuvo que esperar décadas por el proceso territorial del Congreso.  

Los políticos utilizan a Alaska y Hawaii como ejemplos, pero tienen que reconocer que no estamos en la misma coyuntura histórica y sociopolítica para cuando Alaska y Hawaii se unieron a los EE.UU. . Hawaii y Alaska fueron conquistados por sus recursos naturales (petróleo) y posiciones estratégicas (conflictos bélicos) con relación a Japón y Rusia respectivamente. La mayoría de los que votaron a favor de la estadidad en Hawaii y Alaska eran estadounidenses blancos.  

Estos cabilderos políticos de la estadidad no tienen la oportunidad de persuadir al Congreso en este momento histórico.  Estos “delegados especiales” serán cabilderos fantasmas en Washington D.C. sin voz ni voto. PR está en quiebra y el costo de estos cabilderos sería nefasto para el pueblo. En este momento crítico, PR no está para gastar millones de dólares en los paladines de la estadidad.   

Como respuesta a todas las nuevas propuestas de estatus, el Senado de EE.UU. quiere crear otro comité para evaluar el voto presidencial de todos los territorios. Este estudio tomaría años en completar y sabemos que el impacto positivo sería para el partido demócrata. Definitivamente, el Congreso no está dispuesto a escuchar ninguna propuesta de estatus para PR.  

El gobierno tiene que preocuparse en atender los problemas que aquejan a nuestra nación. PR primero tiene que enfocarse en su reconstrucción y tratar de erradicar la corrupción en el gobierno. El pueblo tiene que unirse para crear una asamblea constitucional que represente a todas las alternativas de estatus y que esta consulta sea avalada por EE.UU. para que sea vinculante. Quizás, cuando llegue ese momento histórico, todos juntos podemos luchar para terminar con la colonia.