La Junta de Supervisión Fiscal no demandará todavía al gobierno de Puerto Rico impugnando el acuerdo del estado con los camioneros para el aumento de tarifas de acarreo, mientras se dilucidan tres casos pendientes en los tribunales sobre el mismo asunto.

Así lo confirmó el integrante puertorriqueño de la Junta Antonio Medina, durante una entrevista con El Foro de Puerto Rico en la que pareció matizar la postura del organismo contraria al acuerdo que la semana pasada terminó un paro de 48 horas de los transportistas generando una escasez de combustible en la Isla.

Medina que anticipó a un periódico local que el organismo podría usar todos los mecanismos a su alcance para retar el acuerdo logrado entre la Secretaría de la Gobernación y el Frente Amplio de Camioneros, dijo que su oficina está pendiente al desarrollo de tres casos judiciales relacionados con el tema de la aplicación de tarifas de transporte en el sector privado.

El Frente Amplio de Camioneros que organizó el paro no descartó por su parte una nueva protesta si el acuerdo alcanzado es revertido y dijo que la posición de la Junta Fiscal es insostenible y representa una inmiscusión en los asuntos internos del gobierno local. 

El empresario dijo que uno de los casos está en el Tribunal Federal y se refiere a una reclamación de la empresa V Fernández contra un grupo de camioneros de Bayamón por el pretendido cobro de las nuevas tarifas. “Hay uno de estos casos que va a llegar al Supremo de Puerto Rico y estamos muy pendientes”.

Medina dijo que no necesariamente la Junta va a insertarse en alguna de estas controversias judiciales y no descartó acudir a la sala especial de Quiebras de la Juez Laura Taylor Swain que interviene en el caso de Puerto Rico, interpretando la Ley Federal Promesa.

Agregó que esa sala podría tener jurisdicción en esta controversia a pesar de que se trata de una determinación de política pública del estado no necesariamente relacionada con el presupuesto de la Isla o el plan de ajuste de la deuda.

El representante del organismo dijo que la intervención de la Junta es en atención a su preocupación de que el aumento de 38 por ciento en las tarifas de transporte encarezca el precio de muchos productos al nivel del consumidor creando una insostenible situación económica que no ayude al eventual pago de la deuda.