Cuerpo de Ingenieros y Departamento de la Vivienda impiden que los residentes del Caño Martín Peña logren su justicia ambiental

Cuerpo de Ingenieros y Departamento de la Vivienda impiden que los residentes del Caño Martín Peña logren su justicia ambiental.

Por Rafael R. Díaz Torres 

Cuando sus hijos estudiaban en la Escuela Elemental Santiago Iglesias Pantín de Barrio Obrero, Aileen Morales tenía que cargarlos a sus espaldas cada vez que se inundaban las calles contiguas al Caño Martín Peña. No quería que llegaran al salón de clase con sus piernas mojadas ni con el hedor causado por las aguas sucias que por décadas han afectado la paz de comunidades, cada vez que experimentan un evento de lluvia fuerte.

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Morales, quien es residente y líder comunitaria en el sector Parada 27, lleva más de una década viendo las noticias que reseñan los sucesos de inundación relacionados al Caño. También ha participado de reuniones anuales con integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés). El problema de inundaciones y la necesidad de dragar este cuerpo de agua urbano son asuntos ampliamente conocidos tanto en Puerto Rico, como en algunos círculos políticos de Estados Unidos, como un asunto de justicia ambiental y de salud. Pero por años, la necesidad de tomar acción se mantiene como agenda pendiente archivada en documentos gubernamentales. Esto, a pesar de los múltiples esfuerzos y propuestas presentadas por líderes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña.

“Ellos [USACE] vienen aquí, se tiran muchas fotos. Ya ellos saben. Cada vez que vienen dicen que están a punto de comenzar [el dragado] dicen siempre que este es el año. Ya estamos cansados de enseñarle la comunidad”, lamentó Morales en conversación con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“Nos excluyeron [del presupuesto aprobado por el Congreso en 2018] por un tecnicismo, pero yo digo que eso es excusa. El proyecto está preparado para comenzar. El dinero no está llegando aquí”, expresó la también vicepresidenta del Grupo de las Ocho Comunidades del Caño Martín Peña (G-8), coalición que reúne a las organizaciones de base comunitaria en la zona.

Las ocho comunidades aledañas al caño, entre Hato Rey y Santurce, son: Las Monjas, Israel y Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey, Parada 27, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce y Cantera.

En el 2018, el USACE excluyó a la Corporación ENLACE del Caño Martín Peña, que gestiona desde el Gobierno los proyectos sociales y de infraestructura en las ocho comunidades, dentro de la asignación de 2,500 millones de dólares de fondos federales destinados a control de inundaciones. En aquella ocasión, el argumento del Gobierno federal fue que el proyecto del Caño era uno de restauración ecológica y no de control de inundaciones.

Casi tres años después, la incertidumbre en torno a si el USACE incluirá el dragado del Caño en su presupuesto sigue vigente. La urgencia de que aparezca el dinero para los proyectos de restauración ecológica en el área llevó a integrantes del Congreso de los Estados Unidos a enviar en enero de este año dos cartas separadas al secretario adjunto del Ejército para Obras Públicas, R.D. James y al entonces director saliente de la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB), Russ Vought, para impulsar el financiamiento del dragado

Sin embargo, unos días después, la gerente de proyectos del USACE, Brenda Calvente, le informó al CPI que la prioridad presupuestaria serán, por el contrario, aquellos proyectos que ya se iniciaron.

“El Presupuesto de Obras Civiles usa las guías y desempeño que se establecen por cada año fiscal para guiar la asignación de fondos de construcción. Se le da prioridad a proyectos que traigan el mayor retorno económico, ambiental y de seguridad. Además, se enfoca en proyectos que ya están llevándose a cabo, en vez de comenzar proyectos nuevos”, dijo Calvente, luego de que el CPI preguntara sobre qué hace falta para que el dragado del Caño sea considerado como un proyecto prioritario en términos del presupuesto del USACE.

Sin embargo, en el Plan de Trabajo que el USACE presentó al Congreso para el presupuesto de 7.3 mil millones de dólares del Año Fiscal 2021, se incluyeron siete nuevos proyectos de construcción. A pesar de que la Ley Pública 116 260 requiere que dos de estos siete proyectos sean de restauración ecológica, no se incluye el dragado del Caño Martín Peña. Los siete nuevos proyectos consisten en una represa en Idaho, proyectos costeros en Mississippi, trabajos en una cuenca de Nuevo Hampshire, trabajos en el Río Grande y sus tributarios en Nuevo México, construcciones relacionadas al Río Allegheny en Pensilvania, proyectos de mitigación en Morganza, Luisiana, y trabajos en el Canal de Navegación de Houston, Texas.

Dentro del presupuesto para el Año Fiscal 2021, USACE también incluye varios proyectos en curso para que sean completados durante este año. Uno de estos es un proyecto piloto para el uso de material dragado en la Bahía de San Juan. La agencia federal no contestó por qué informó al CPI que da prioridad en el presupuesto a proyectos existentes, si en el presupuesto 2021 sometido ante el Congreso hay al menos siete nuevos proyectos de construcción.

Al cuestionarle las razones por las cuales un proyecto de restauración ecológica que, a través del dragado aportará a mitigar las inundaciones, no es igualmente considerado como un proyecto prioritario de control de inundaciones, Calvente expresó que “el proyecto no cumple con los parámetros para justificarse como uno de manejo de riesgo de inundación debido a que los niveles de inundación se reducirán fuera de los límites del proyecto federal”.

“Un Acuerdo de Diseño entre el Departamento del Ejército y ENLACE fue ejecutado en el 2017 con el propósito de iniciar una fase de diseño. Las actividades de diseño continúan”, explicó la oficial de USACE sobre el estado en el que se encuentran los trabajos relacionados a la propuesta de dragado.

Gobierno de Puerto Rico incumple resolución sobre fondos federales de recuperación

Los compromisos hechos con las cerca de 26,000 personas que residen en las comunidades contiguas al Caño no solo han sido obviados por el Gobierno federal, sino también por el Gobierno de Puerto Rico.

En noviembre de 2019 la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, ordenó al Departamento de la Vivienda (DV) que enmendara el Plan de Acción para que las comunidades del Caño Martín Peña fueran elegibles para solicitar dinero de los fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés). Por tratarse de sectores ubicados en áreas inundables, las comunidades del Caño no podían solicitar dinero de los 18,500 millones de dólares en fondos CDBG-DR que se hicieron disponibles a Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

La orden al DV ocurrió luego de que se aprobara la Resolución Conjunta del Senado 118 presentada por el exsenador del distrito de San Juan y actual alcalde de la capital, Miguel Romero.

Sin embargo, 14 meses después de aprobarse la Resolución Conjunta 118, el DV ha incumplido el mandato. Las enmiendas cuarta y quinta al Plan de Acción hechas por el DV para la utilización de los fondos CDBG-DR hechas a finales de 2020, no incluyeron los cambios solicitados para beneficio de los residentes del Caño. Mientras la cuarta enmienda ya fue aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), la quinta enmienda todavía es evaluada por esa agencia federal.

Con la entrada del gobernador Pedro Pierluisi en enero, Vivienda tiene ahora como secretario designado a William Rodríguez. Sin embargo, la Resolución Conjunta 118 de 2019 sigue sin cumplirse.

En una reunión entre el DV y ENLACE el 30 de septiembre del 2020, el entonces secretario de Vivienda, Luis Fernández Trinchet llevó como invitado al entonces senador y autor de la resolución, Romero. De esa reunión surgió una propuesta de la subsecretaria del DV para el programa CDBG, Maretzie Díaz Sánchez. Propuso que se separaran 540 millones de dólares de los 8,285 millones de dólares en fondos federales para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT) para proyectos importantes que aporten al desarrollo y mejoramiento del Caño y sus comunidades.

En una carta enviada por ENLACE al DV el 20 de noviembre de 2020, la entidad le detalló al DV cuáles eran los proyectos críticos prioritarios que se adelantarán con la utilización de los 540 millones de dólares provenientes de los fondos CDBG-MIT.

A diferencia de Fernández Trinchet, Díaz Sánchez continúa en su posición en el DV luego del cambio de administración en enero.

Así como ha habido incumplimiento de la Resolución Conjunta 118, la propuesta de separar 540 millones de dólares de fondos CDBG-MIT para proyectos críticos del Caño tampoco se ha concretado.

Durante la vista de transición del Gobierno entrante celebrada el pasado 17 de diciembre, Núñez abogó tanto por el cumplimiento de la Resolución Conjunta 118, como con el compromiso del DV de separar 540 millones de dólares en fondos federales de mitigación. En su exposición, el director ejecutivo de ENLACE hizo hincapié en la urgencia de estos proyectos para facilitar el dragado del Caño.

Pero, un mes después de su ponencia ante el comité de transición, el director ejecutivo del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, Mario Núñez, dijo desconocer las razones por las que el DV todavía no ha trabajado con las enmiendas para la solicitud de los fondos federales de recuperación y mitigación.

“En la reunión que tuvimos en septiembre con el Secretario no nos dieron realmente una explicación con una manera lógica, válida. Realmente desconocemos”, expresó Núñez, luego de que el CPI preguntara si el DV había justificado su incumplimiento con la Resolución Conjunta 118 de 2019.

Ni el Secretario actual, William Rodríguez, ni la subsecretaria, Díaz Sánchez han estado disponibles para entrevista con el CPI desde mediados de enero. Ante los cuestionamientos de por qué, el oficial de prensa de Vivienda indicó que ofrecerán expresiones luego de coordinar una reunión con las comunidades del Caño próximamente.

Por su parte, el alcalde Romero dijo haberse reunido el pasado 26 de enero con Rodríguez y tener conocimiento de los proyectos que se propone financiar con los 540 millones de dólares de los fondos CDBG-MIT. Al preguntársele si conoce la razón por la cual el DV ha incumplido con las enmiendas ordenadas por la Resolución 118 de 2019, el primer mandatario capitalino opinó que la agencia sí ha cumplido, a pesar de que el CPI le indicó que las comunidades del Caño Martín Peña todavía no han sido integradas en el Plan de Acción para el uso de los fondos CDBG-DR.

“Habrá una parte procesal que tendrán que finalizar a nivel de Vivienda, a nivel local, pero de que a ENLACE, como a la Corporación de la Península de Cantera se le han solicitado los proyectos bajo el programa de mitigación y bajo el programa [CDBG] DR, eso está ahí y van a tener el apoyo total del municipio”, dijo Romero.

“Es un puñado de proyectos que va a requerir también esfuerzos de cabildeo, que ahora que el Gobierno coincide, y que el gobernador Pedro Pierluisi ha manifestado su compromiso de aprovechar toda esta cantidad de dinero para invertir en el Caño, y que lo podamos lograr”, agregó el alcalde.

Rechazan que se pase por alto el Plan de Desarrollo Integral trabajado desde las comunidades
Aparte del incumplimiento o promesas olvidadas de parte del Gobierno central, los residentes del Caño enfrentan otro reto que podría retrasar su posible acceso a los fondos federales de recuperación.

Tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, el DV otorgó un contrato de 37.5 millones de dólares a Foundation for Puerto Rico para desarrollar al menos 60 planes de resiliencia comunitaria sobre las necesidades de las comunidades y así encaminar sus procesos de recuperación. Al día de hoy, ninguno de esos planes se ha trabajado, ni tampoco se han identificado las organizaciones y comunidades que serán parte del proceso.
A preguntas del CPI para actualizar el estatus del uso de estos fondos, Félix Aponte, principal oficial del Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria de Foundation for Puerto Rico, expresó que en las próximas semanas esperan abrir la convocatoria “que le permita a nuestras comunidades acceder a los fondos necesarios para desarrollar sus respectivos planes de resiliencia”.

Núñez expresó su preocupación de que se condicione el acceso a los fondos CDBG-DR a someterse a un proceso que no ha comenzado y que sería una duplicidad de esfuerzos para las comunidades del Caño.

“En el caso del Caño Martín Peña, desde el 2002 al 2004, la comunidad trabajó un Plan de Desarrollo Integral. Se hicieron vistas públicas el 30 de junio de 2004, a través de la Autoridad de Carreteras, porque originalmente este proyecto estaba bajo la Autoridad, para discusión y aprobación. Finalmente, la Junta de Planificación en el 2007 aprobó este Plan de Desarrollo Integral”, explicó el director ejecutivo de ENLACE.

“En un momento dado se nos dijo que tenía que ser a través de Foundation for Puerto Rico, que era la entidad que se había contratado para que las comunidades se organizaran y prepararan sus planes de desarrollo integral. En el caso del Caño Martín Peña, la comunidad pasó por un proceso participativo de planificación, reflexión y evaluación que generó el documento. Pues no me pidas que yo pase por este mismo proceso. Mi Plan de Desarrollo Integral, que, aunque no es un plan de mitigación de inundabilidad, dentro del dragado sí atiende el elemento del cambio climático y atiende el elemento de inundabilidad”, añadió.

Los proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo Integral para mejorar la calidad de vida de los residentes del área y aportar a mejorar el funcionamiento del Caño son el resultado de años de asambleas locales y procesos deliberativos en los cuales participan representantes de las ocho comunidades adyacentes al cuerpo de agua.

Por tal razón, los proyectos presentados por ENLACE al DV para el uso de los 540 millones de dólares en fondos CDBG-MIT no son nuevos, sino que responden a las propuestas formuladas por las comunidades hace varios años.

Por ejemplo, desde el 2015 se le presentó a USACE un documento de Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto de Restauración del Ecosistema del Caño Martín Peña. Uno de los proyectos propuestos en el documento es el Paseo del Caño, estructura que recorrería todo el cuerpo de agua, conectaría las diferentes comunidades adyacentes al Caño y aportaría a restaurar los ecosistemas lacerados por la contaminación del área.

La propuesta del Paseo del Caño fue precisamente uno de los proyectos presentados al DV por ENLACE para la utilización de los fondos federales de CDBG-MIT. De los 540 millones de dólares, 406 millones de dólares serían utilizados para infraestructura de paseos en tres áreas que rodean y conectan el Caño, tanto en el área norte como en la parte sur del cuerpo de agua. Los restantes 134 millones de dólares en fondos de mitigación administrados por el DV serían utilizados principalmente para la construcción de “casas resilientes” en algunas de las comunidades adyacentes al cuerpo de agua.

“Debajo del paseo es que va a estar la infraestructura donde se van a manejar esas aguas. Los beneficios de estos proyectos sí son para la comunidad de forma directa, pero también de forma indirecta vienen a aportar al desarrollo económico de la ciudad”, comentó al CPI Mariolga Juliá Pacheco, quien es directora de la Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de ENLACE.

“Ya nosotros tenemos un estudio HH [hidrológico hidráulico] que muestra cómo cambia la huella de inundación si se draga”, añadió Juliá Pacheco para recalcar que su propuesta sí es un proyecto de control de inundaciones y que está relacionado directamente con la restauración ecológica, el paseo y el dragado del Caño.

Reclaman justicia ambiental para comunidades del Caño Martín Peña

El Caño Martín Peña forma parte del sistema conocido como el Estuario de la Bahía de San Juan. Una de sus funciones más importantes es conectar la Laguna San José al este del caño, con la bahía de San Juan, ubicada en el lado oeste. Por lo tanto, cualquier proyecto dirigido a restaurar este cuerpo de agua urbano, no solo beneficiaría a las casi 26,000 personas que residen en las ocho comunidades adyacentes al Caño, sino que además mejoraría la calidad de los ecosistemas acuáticos en diferentes áreas dentro de la región metropolitana, aseguró al CPI el director científico del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan (PEBSJ), Jorge Bauzá.

“A través de los años se ha ido tapando [el Caño] por diferentes razones y ya no tenemos esa conexión hidráulica [entre la bahía de San Juan y la Laguna San José]. La restauración ecológica es volver a las condiciones de los mapas de 1892 y 1936. Al conectarnos, esto nos va a permitir mejorar la calidad del agua, que es la base para tener un cuerpo de agua saludable, que no solamente sustente vida acuática, sino que también abra unos espacios recreativos”, explicó Bauzá.

Para el oceanógrafo, el proyecto propuesto del Paseo del Caño atiende la necesidad de mejorar la circulación, que es uno de los requisitos principales para cualquier sociedad que aspire a mejorar la calidad de un cuerpo de agua.

“Ese paseo tablado va a permitir el intercambio de lo que es el canal o Caño Martín Peña, por lo que va a ser su apoyo, que van a ser bosques de mangle. Ese paseo tablado, en el diseño, no va a desconectar el sistema, sino que lo va a conectar. Una vez tú mejores la calidad del agua del Caño Martín Peña y de la Laguna San José, una vez circule el agua, la Laguna San José va a mejorar, pues entonces se abren unos espacios ecológicos, se abren unos espacios recreativos. El paseo tablado no solo permite a la gente poder observar al Caño restaurado, sino poder recrearse en este”, añadió Bauzá.

Por su parte, la directora ejecutiva del PEBSJ, Brenda Torres Barreto, valoró los proyectos propuestos en el Caño como un ejemplo para otras comunidades en Puerto Rico. La también científica resaltó el proceso que llevó a la producción del Plan de Desarrollo Integral para el cuerpo de agua y las comunidades adyacentes.

“Este plan sí toma en cuenta el proceso de la comunidad. Ese distrito [del Caño Martín Peña], esa relocalización de viviendas para el desarrollo de infraestructura de agua, y luego el proceso de dragado, todo eso está delineado en ese plan”, planteó Torres Barreto al CPI.

“Es un caso de justicia ambiental y social en el área metropolitana, justo desde donde está ocurriendo y desde donde se pretende que haya una reconstrucción para todo Puerto Rico”, afirmó Torres Barreto.

La catalogación del dragado y restauración del Caño Martín Peña como un asunto de justicia ambiental que trasciende los beneficios directos a los residentes del área fue también expresado por el sociólogo ambiental y estudioso de comunidades con cuerpos de agua, Alejandro Torres Abreu. Asimismo, el profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao criticó la insistencia del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en darle prioridad solo a aquellos proyectos en los cuales haya una justificación económica, según sus criterios de desarrollo.

“Estas agencias federales están implementando procesos de participación, están implementando procesos de restauración sin necesariamente entender la complejidad política, social y económica desigual entre el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, estas políticas de restauración, estas políticas de atender asuntos medulares como los asuntos del cambio climático en distintos contextos, sea el del Caño o sea el del Ocean Park, son políticas que después de todo reproducen una lógica de manejo de respuesta a estas situaciones muy desigual, muy colonial, en donde imperan unas políticas del Gobierno federal y hay que acatarlas del modo que están establecidas en el reglamento, sin necesariamente considerar las dinámicas locales, sociales y políticas de esas comunidades donde se están trabajando los proyectos”, analizó Torres Abreu.

Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America

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