Cámara de Comercio se opone al proyecto de legitimación activa

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), envió una misiva al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi solicitando vete el P. de la C. 474, proyecto que busca crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, la cual propone que cualquier persona que bajo sus consideraciones personales entienda hay una violación ambiental pueda ir directamente al Tribunal o a una agencia administrativa a presentar un pleito legal o una querella.


“Nos preocupa este proyecto pues la propia exposición de motivos indica que esta legislación se enfoca únicamente en que el gobierno haga efectiva su tarea de conservar el ambiente, una responsabilidad que ya está previamente asignada al gobierno. Al estar únicamente enfocado en el aspecto ambiental, no toma en consideración otros principios, derechos o valores de índole constitucional los cuales se verán lacerados por este proyecto. Es nuestra opinión que el proyecto obstaculiza, por ejemplo, el derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de su propiedad. Los actos ciudadanos de buena fe se pueden confundir con cuál es la política pública ambiental que creen que están defendiendo y esto traería otras repercusiones económicas”, aseveró el presidente McKenzie.

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Añadió que “cualquier persona podría intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar, como parte, en un pleito, únicamente demostrando que le interesa hacer cumplir la política pública ambiental y sin evidenciar un daño específico, un precedente nefasto que atenta contra la estabilidad comercial, la competitividad y el desarrollo económico del país.”


“El P de la C. 474, infringe, no tan sólo disposiciones trascendentales de la Carta de Derechos sino la independencia judicial, la administración de la justicia y la separación de poderes. Además, incide directamente en la creación de actividad económica alrededor de los recursos naturales. Sólo hay que imaginar cuántos proyectos, negocios, inversiones pueden sufrir las consecuencias de enfrentar algún señalamiento sin fundamento o imaginativo y tendría que someterse a un pleito judicial o administrativo a defenderse”, indicó el presidente de la CCPR.


Según destaca el gremio camarista, el proyecto propuesto incide con la libertad de la Rama Judicial para resolver los casos y controversias. No tan solo duplica los costos de litigación de las partes en un pleito, sino que extiende la duración de este sin causa justificada. “Con el proyecto, la Asamblea Legislativa intenta cambiar la manera como las personas presentan y revisan sus casos ante el tribunal y las agencias. Para lograrlo, propone quitarle la discreción al Tribunal para que decida quién es una persona afectada en un pleito y esto pudiera ser un precedente peligroso” señaló el presidente de la CCPR.


Luego de una evaluación exhaustiva, la CCPR resumió diversos factores para rechazar la medida y solicitar el veto del Ejecutivo a la misma.

Esto incluye:

  1. la incidencia que tendría su aplicación sobre los derechos constitucionales de las partes, incluyendo el disfrute de la propiedad, su protección de las leyes y el disfrute de los derechos humanos;
  2. la excesiva reglamentación sobre el acceso a los tribunales;
  3. la extensión de esa facultad sobre los procesos judiciales;
  4. los límites al poder de los jueces para atender los casos, interpretar la ley y aplicarla;
  5. los efectos sobre la puesta en vigor de la política ambiental;
  6. las consecuencias sobre la política económica requerida y los efectos sobre los negocios, procesos legales, e iniciativas que se trabajan alrededor de estos, entre otras.

“Entendemos que esta medida es impositiva e innecesaria. En la Cámara de Comercio abogamos por fomentar los pilares de una economía libre bajo un marco de desarrollo económico en el país que sea responsable y sustentable. El Estado es responsable por asegurar un orden y procedimiento para evitar que la subjetividad de cada ciudadano en su criterio personalísimo pueda incidir sobre la política pública del país. Por tal razón, presentamos nuestro rechazo al P. de la C. 474 y solicitamos al Gobernador de Puerto Rico que vete este proyecto” finalizó el presidente de la CCPR.

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