El alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez reconoció el problema de contaminación auditiva que se está produciendo en su municipio, admitió la falta de policías para poder atenderlo y pidió a los jueces que usen mano firme para atacar la práctica.
Méndez, dijo que sobre en áreas turísticas de su pueblo, la práctica de colocar bocinas con elevado volumen está afectando a la comunidad, pero negó que haya habido negocios precisados a cerrar por ello.
«Vi en las noticias en televisión que hay negocios alegando que están cerrando parcialmente sus operaciones porque los clientes se molestan con el voceteo y se van, pero no tengo ninguna querella al respecto», dijo en una entrevista con el Foro de Puerto Rico.
El alcalde admitió que tiene pocos policías municipales y casi ningún agente estatal para atender las quejas de ciudadanos sobre el ruido contaminante pero anunció que aún así en su pueblo se han emitido multas contra los violadores a la ley.
«Hago un llamado a los jueces para que cuando encuentren casos de personas con consistentemente violen la ley en torno a este asunto, confisquen los vehículos de motor usados en esta práctica», dijo.