El representante de Adjuntas, Jayuya, Utuado y Lares, Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, informó que ante los serios cuestionamientos presentados por grupos de agricultores e individuos sobre el funcionamiento del Programa Re-Grow Puerto Rico, radicó una medida (Resolución de la Cámara 347). 

“Este es un proyecto de ayuda a la industria agrícola, donde el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, puede facturar hasta $30 millones por servicios administrativos y los señalamientos se dirigen a que esta entidad, junto al Departamento de la Vivienda decidieron dar prioridad a los agronegocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados”, detalló Rivera Segarra.

Recientemente, las organizaciones Fundación Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y Bartolo, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Organización Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores, realizaron una conferencia de prensa para hacer sus reclamos y solicitar el acceso equitativo a los fondos de recuperación, la minimización de desplazamientos y la participación real y efectiva.

“Hay un reclamo sobre exigencias relacionadas a la titularidad de las fincas, así como a los ingresos y capacidad tecnológica de las empresas, que impiden que la asistencia llegue a las familias agricultoras de menos recursos económicos. Esto afecta, reclaman ellos, a más de la mitad de las fincas activas, que se ubican en la zona central y montañosa de la Isla y apenas generan un ingreso anual de $10 mil dólares”, dijo el legislador.

Los grupos exigen al Departamento de la Vivienda enmendar el contrato con el Fideicomiso y revisar las guías y los criterios del programa para garantizar el acceso equitativo a estos fondos. Este programa, realizado con fondos CDBG-DR para la recuperación del huracán María, supone estar orientado a aumentar la producción de comida y aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico. 
“Estos agricultores señalan que el Fideicomiso no ha realizado actividades de alcance comunitario fuera del área metropolitana y recomendaron que este programa sea administrado por agencias públicas y organizaciones comunitarias experimentadas en el tema”, añadió.